El perfil del encierro en Tandil: el 97% de los detenidos son hombres y predominan los delitos de robo, drogas y abusos

En la Unidad Funcional de Defensa 3 a cargo de Diego Araujo se contabilizaron 166 personas privadas de la libertad: 146 con prisión efectiva y 20 bajo modalidad domiciliaria. Allí, 164 son hombres y solo dos son mujeres. En cuanto a la situación procesal, 113 personas se encuentran procesadas —87 de ellas con prisión preventiva—, mientras que 53 ya cuentan con condena firme.

Por su parte, la Unidad Funcional de Defensa 2 encabezada por Pablo Molina Marañón registró hasta marzo 134 personas detenidas: 119 en unidades penales y 15 con prisión domiciliaria. En este grupo, cinco son mujeres.

Como se expuso, la suma de personas detenidas en ambas unidades suman 300 casos, cuyo perfil etario también es contundente. Según los datos de Defensoría 3, cerca del 70 por ciento de las personas detenidas tiene entre 19 y 39 años, lo que confirma una fuerte concentración de jóvenes en el sistema penal. En el caso de las mujeres, aunque representan una proporción mínima, aparecen algunas particularidades: en su mayoría son menores de 30 años, madres y están vinculadas a situaciones de consumo problemático de drogas. En varios casos, la venta de estupefacientes aparece asociada a la necesidad de sostener ese consumo.

En cuanto a los delitos, la mitad de las causas (50 por ciento) corresponde a delitos contra la propiedad, como robos y hurtos. Le siguen la tenencia y tráfico de estupefacientes, que representan el 18 por ciento, y los delitos contra la integridad sexual, con un 16,8 por ciento. Más atrás aparecen otros delitos -como resistencia a la autoridad o desobediencia- con un 9 por ciento, y los delitos contra las personas, con un 6,2 por ciento.

Otro dato relevante es el alto porcentaje de prisiones preventivas dentro del universo de personas procesadas, lo que da cuenta de una fuerte utilización de esta medida cautelar en el sistema judicial local.

Finalmente, el informe advierte un crecimiento sostenido en la cantidad de personas detenidas a lo largo de los años, una tendencia que refuerza la necesidad de analizar no solo el perfil de quienes ingresan al sistema penal, sino también las condiciones estructurales que lo sostienen.

Además, los hombres concentran el crecimiento absoluto del encarcelamiento. Mientras la tasa masculina aumentó 446 puntos entre 2012 y 2024, la femenina creció 40 puntos. El fenómeno muestra que, aunque las mujeres representan una proporción reducida de la población encarcelada, su tasa también viene creciendo de manera sostenida en los últimos años.

En tanto, el informe de la CPM muestra una tendencia sostenida de aumento de la tasa general de encarcelamiento en el Departamento Judicial de Azul entre 2012 y 2024, con algunos períodos de aceleración y leves retrocesos puntuales. En 2012 la tasa era de 135 personas encarceladas cada 100.000 habitantes. Doce años después, en 2024, alcanzó 327, el valor más alto de toda la serie. Esto implica un incremento de 192 puntos y un crecimiento aproximado del 142 por ciento en poco más de una década.

La cantidad total de personas privadas de libertad casi se duplicó en 12 años. En 2012 se registraban 646 casos, mientras que en 2024 la cifra llegó a 1.179. El pico máximo se registró en 2019, con 1.338 personas privadas de libertad. Luego aparece una fuerte caída en 2020, probablemente vinculada a las restricciones y medidas excepcionales implementadas durante la pandemia, aunque posteriormente la tendencia volvió a crecer.

Los datos también evidencia el crecimiento de las prisiones preventivas, es decir, personas detenidas sin condena firme. Las cifras pasan de 183 casos en 2012 a 410 en 2023, el valor más alto de toda la serie.

En un sistema penal atravesado por el crecimiento de la población detenida y una fuerte presencia de jóvenes varones, la educación aparece como una de las herramientas más eficaces para transformar trayectorias. Así lo plantea la docente e investigadora Érica Lanzini, quien desde hace más de una década trabaja en propuestas educativas dentro de unidades penales vinculadas a la Universidad Nacional del Centro.

Actualmente, la Unicen sostiene cinco aulas universitarias en cárceles bonaerenses, ubicadas en las unidades de Sierra Chica y Azul. “A partir de convenios con el Servicio Penitenciario Bonaerense se han generado posibilidades de trabajo y presencia permanente para desarrollar actividades educativas dentro de las unidades”, explicó Lanzini.

Su recorrido comenzó en 2014 dentro del programa Universidad en la Cárcel, centrado en propuestas culturales y artísticas para personas privadas de la libertad. Con el tiempo, ese trabajo se amplió hacia la investigación, con la creación de un núcleo interdisciplinario que reúne a distintas facultades de la Universidad para analizar el impacto de estas políticas.

Consultada sobre la marcada diferencia entre la cantidad de varones y mujeres detenidas, Lanzini señaló que se trata de un fenómeno estructural. “Tiene que ver con la organización social, el rol asignado a los varones como proveedores y una lógica donde la movilidad social se asocia al acceso a bienes materiales”, indicó.

A esto se suma lo que denominó “selectividad penal”: la tendencia a que los sectores más vulnerables, especialmente jóvenes varones de barrios populares, sean más expuestos a dinámicas delictivas y a la intervención del sistema penal.

Sin embargo, en los últimos años se registra un dato significativo: la población femenina detenida es la que más creció, aunque sigue siendo minoritaria. “Está vinculada sobre todo al narcomenudeo y a estrategias de supervivencia, muchas veces en mujeres jóvenes y madres”, explicó.

En medio de discusiones actuales sobre la baja de la edad de imputabilidad, Lanzini fue categórica: “No va a disminuir el delito. Solo aumenta la cantidad de personas detenidas si no se abordan las causas estructurales”.

Para la investigadora, el foco debería estar en políticas sociales que alejen a niños y adolescentes de las redes delictivas, más que en el castigo. “Si el sistema penal se piensa solo como sanción, no contribuye a transformar las trayectorias de vida”, advirtió.

Otro punto de preocupación es el posible retroceso en el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles bonaerenses, actualmente permitido. “Ha tenido un impacto muy positivo: reduce la conflictividad, fortalece los vínculos familiares y facilita las trayectorias educativas”, explicó.

Frente a proyectos que buscan restringir este derecho, Lanzini alertó que podría implicar un deterioro en las condiciones de vida dentro de las unidades. “A veces se imponen miradas simplistas que no contemplan los efectos reales de estas medidas”, sostuvo.

El 7 de junio de 2022, el Tribunal Oral Criminal 1 de Tandil, compuesto por los jueces Carlos Alberto Pocorena, José Alberto Moragas y Virginia Florencia Giombini, absolvió a Juan Martín Rosso del cargo de "Abuso sexual gravemente ultrajante". Rosso, profesor de teatro, fue acusado de un hecho presuntamente ocurrido en julio de 2019 en el Jardín de Infantes 901. Estuvo detenido desde octubre de 2019, primero en el penal de Barker y luego bajo arresto domiciliario.

La sentencia, con fundamentos expuestos el 19 de junio de 2022 en un escrito de 91 páginas, se basó en la falta de pruebas suficientes para acreditar la materialidad delictiva y la responsabilidad del imputado. El juez Pocorena, presidente del Tribunal, invocó la presunción de inocencia del artículo 18 de la Constitución Nacional, señalando que no se logró destruir el estado de inocencia de Rosso. Se trata de un caso paradigmático no solo por la dimensión pública que cobró, sino porque el docente pasó tres años privado de su libertad y finalmente fue absuelto.

En otra línea, el 16 de noviembre de 2022, el Tribunal de Tandil fijó las condenas para Dante Juan Cruz Álvarez Infesta y José Luis Anriques, hallados culpables por un jurado popular por el crimen de Bruno Vergagni. Álvarez Infesta fue declarado culpable de robo simple y homicidio agravado en carácter de partícipe secundario, mientras que Anriques fue declarado culpable de robo agravado por el uso de arma y homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y para facilitar otro delito.

José Luis Anriques recibió la pena máxima de prisión perpetua. Para Dante Juan Cruz Álvarez Infesta, el fiscal Damián Borean solicitó 18 años de prisión, y el defensor Diego Araujo, 12 años. Finalmente, el tribunal dictaminó una condena de 15 años de prisión para Álvarez Infesta.

Los femicidios tienen su capítulo aparte. Entre 2015 y 2025 se registraron en la ciudad cinco femicidios. El 8 de abril de 2015 Mirta Fany Pollak, de 32 años, fue asesinada por su expareja y padre de sus hijos, Martín Zárate. De acuerdo con los datos provistos por los investigadores y residentes de la zona, Pollak ya había denunciado a Zárate por numerosos antecedentes violentos en la Comisaría de la Mujer, una de ellas incluso con fecha de registro en 2009.

Zárate se presentó en el domicilio de Fanny y fue echado por un familiar de la víctima. Cuando la mujer estaba por ingresar en la vivienda, el agresor volvió al rodado en el que había llegado -un Peugeot 306 color blanco con vidrios polarizados- y sacó una escopeta, con la que le disparó a Pollak en la espalda, a la altura del pulmón izquierdo. Inmediatamente se prestó a la fuga. El episodio generó una lógica conmoción en los vecinos y aunque la mujer fue asistida y llevada al hospital local, murió pocos minutos después.

En las horas subsiguientes, la Policía organizó un operativo cerrojo y, gracias a unas cámaras de seguridad, encontró a Zárate en una estación de servicio de la vecina localidad de Benito Juárez. Sin embargo, una vez que intentó detenerlo, el acusado volvió a escapar en el vehículo a los tiros. A 30 kilómetros del lugar, finalmente decidió abandonar el automóvil y se ocultó en una finca rural. Al día siguiente, efectivos de la DDI de Azul hallaron al agresor en cercanías de la ruta 74, lo detuvieron y confiscaron el arma utilizada en el crimen. Zárate fue condenado en 2016 a prisión perpetua y fue el primer crimen de estas características juzgado en Tandil bajo la figura de femicidio.

Ailín Torres fue asesinada el 11 de noviembre de 2017 por su exnovio, Damián Gómez, quien había entrado a su departamento y la esperó escondido en el baño. Tras el crimen, el joven acusado intentó suicidarse y fue trasladado al Hospital Ramón Santamarina. Luego quedó detenido.